En esta situación excepcional que nos encontramos por razón del coronavirus, se nos ha proporcionado información de todo tipo, en prensa, radio, redes sociales, whasthapp, etc… Alguna de estas informaciones han sido:

• El frío y la nieve matan al virus.
• Si te has vacunado de neumonía o gripe estás protegido.
• Los antibióticos previenen el contagio.
• Es un virus planeado.

Son las “fake news”o bulos informativos. Hablamos de historias falsas que parecen ser noticias, y que se difunden a través de cualquier medio, fundamentalmente Internet, creadas con varios fines: engañar, confundir para perjudicar a un colectivo, inducir a error, manipular decisiones, desprestigiar, o incluso obtener o minimizar un rédito político. En este caso, hablamos de una serie de noticias que giran en torno a la enfermedad, y que pueden ser un problema para dar una adecuada y efectiva respuesta a la pandemia.

Desde el 1 de Febrero hasta primeros de este mes, las fakes news publicadas en España han pasado de 170 noticias diarias a 253, y siempre han ido en paralelo con la evolución de la crisis del coronavirus, según certifica la entidad eprensa

Y es que la  situación en la que nos encontramos, es idónea para la proliferación de las “fake news”. Vivimos un momento histórico caracterizado por  la incertidumbre, miedo y/o preocupación, y por tanto, nadamos en un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de noticias falsas que nos afectarán de diversa manera: nos llevarán a comprar compulsivamente huevos, papel de wc, o provocarán la difusión masiva mediante el reenvío de determinadas cadenas de mensajes  por whasthapp, en la creencia absoluta que contienen noticias de interés.

En este contexto, la semana pasada el Ministro de Justicia, el pasado día 6 de Abril hizo las siguientes declaraciones en una comparecencia conjunta con el Ministro del Interior desde el Palacio de la Moncloa:

“Está más que justificada que, con calma y con la serenidad necesaria para cualquier cambio legislativo, hagamos una revisión de cuales son nuestros instrumentos legales para impedir las noticias falsas. Y si no es para impedirlas, que desde luego no se vayan de rositas aquellos con contaminan la opinión pública de una manera grosera y sin justificación alguna”.

 Comparto plenamente la necesidad de con calma y serenidad de abordar una revisión de los instrumentos legales para impedir las noticias falsas. De hecho, con calma y serenidad se debe abordar cualquier reforma legislativa, y sobre todo aquéllas que pueden incidir en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

El código penal no es ajeno al problema de las fake news, sino todo lo contrario, le da una respuesta, a mi juicio contundente y adecuada.

Veamos una serie de ejemplos:

Si una persona hace pública una noticia falsa que perjudica gravemente la fama o la reputación de una persona comete un delito de injurias.

Si el contenido de la noticia es acusar a un tercero de la comisión de un delito que no ha tenido lugar, el código penal lo considera un delito de calumnias.

Si por el contrario, la noticia falsa lo que provoca es una situación de peligro para la sociedad, o incluso, provoca que tengan que reaccionar los servicios de emergencia, su autor comete un delito de desórdenes públicos (una falsa amenaza de bomba, o un mensaje de alarma ante una hipotética catástrofe).

Si la noticia falsa afecta a un colectivo (grupo) concreto, desprestigiándolo o incluso humillándolo, puede ser constitutivo de un delito de odio (por ejemplo, mostrar las agresiones que realizan un determinado grupo de menores y atribuirlo a algunos que están solos en nuestro país, con el fin de generar rechazo hacia ellos).

Si se difunden noticias o rumores sobre personas o empresas, ofreciendo datos económicos falsos,  para alterar precios nos encontraríamos ante un delito contra el mercado o los consumidores.

Podríamos encontrar más ejemplos, pero lo expuesto sirve para que el lector pueda comprobar que la noticia falsa,  tiene consecuencias penales, dependiendo de la repercusión concreta que tenga, ya sea sobre la persona (injuria, calumnia), la colectividad (delito de odio, desórdenes públicos o el consumidor). En definitiva, se trata de comprobar que la noticia falsa ha generado efectos (de algún modo) y valorar la importancia de éstos.

Pero hay otras cuestiones a considerar de enorme interés sobre el debate que genera el fenómeno del bulo.

La circulación en redes de determinados bulos o fake news, con determinados contenidos no está amparada por nuestras leyes, y estamos protegidos de esa práctica.

Los ciudadanos tenemos derecho a recibir una información veraz. Y aquí empieza la dificultad: existe una diferencia importante entre lo veraz y lo verdadero. En un estado democrático nadie puede imponer una verdad e impedir que se difundan versiones de los hechos distintas a las expresadas (y esto es tentador si se ostenta el poder)

La información veraz, puede ser errónea (y por tanto no cierta); y lo será siempre y cuando el informador haya desplegado la máxima diligencia profesional exigible, y además haya realizado una labor suficiente de averiguación sobre los hechos. Cumpliendo estos requisitos, la información está amparada por el derecho fundamental a la libertad de información que está recogido en el artículo 20 de la Constitución.

La diferencia entre la información equivocada o errónea y la fake new, radica en la intención del autor. Sólo cuando se trata de una información deliberadamente falsa, elaborada con la intención de engañar, podremos hablar de fake news

La lucha contra las fake news puede volverse en nuestra contra si calificamos como bulos todas las noticias que nos parecen equivocadas, con independencia de que estén inventadas de modo deliberado. No es admisible calificar como bulo una noticia que nos causa malestar o nos depara un perjuicio para causar dudas sobre su contenido, y eso, desgraciadamente lo hemos visto en las últimas convocatorias electorales que han tenido lugar en nuestro país (las elecciones presidenciales americanas fueron   buen ejemplo también).

Por otro lado, una noticia falsa está constituida por hechos, no opiniones, y es falsa en la medida que su autor quiere contaminar a la población dándole a conocer una realidad tergiversada. Opinar sobre hechos no entra dentro del concepto “fake news”, por mucho que sea absurda, demencial o tendenciosa.

La libertad de información garantiza la existencia de una opinión pública libre, absolutamente imprescindible en un estado democrático, y es evidente que la nueva realidad tecnológica en la que vivimos ha cambiado nuestro rol. De ser buscadores de información, hemos pasado a ser receptores pasivos de la misma y transmisores directos.

Piensen en su actitud cada vez que reciben un whasthapp con una noticia que les causa satisfacción y que piensan que le gustará a otra persona. O cuando retuitean un mensaje del líder político con el que simpatizan..

Por tanto actualmente jugamos un papel activo en la difusión de noticias (cada vez que reenviamos una información o la retuiteamos); por eso debemos ser responsables a la hora de transmitir información. Para ello se recomienda:

• Identificar el lugar donde se publica la noticia.
• Localizar las fuentes.
• Revisar la fecha de la publicación.
• Valorar el impacto emocional y reacciones que produce la noticia y por qué.

Todos y cada uno de nosotros somos agentes difusores de noticias que pueden ser fakes, por lo que debemos saber filtrar las noticias que difundimos.

La línea  marcada por  la Unión Europea para combatir el problema de la proliferación de las fake news tiene tres ejes:  la creación de una red de centros de investigación sobre la desinformación que permitan establecer estrategias adecuadas frente a los efectos que genera,  exigir sistemas de verificación de datos  a las empresas de comunicación,  y promover sistemas de autorregulación a las redes sociales, plataformas digitales y empresas de información.

No creo que la línea para combatir las fake news sea restringir las libertades de expresión e información, o la modificación del código penal. Esa estrategia podría provocar  un sentimiento inhibidor a la hora de opinar e informar, por lo que el debate público se vería muy debilitado, y afectaría a la esencia del sistema democrático al ser uno de sus pilares básicos.

En ese momento, quien pretendiera abusar del poder tendría el terreno abonado para imponer  su verdad, y no podemos permitirlo.