Estos días se ha celebrado el campeonato mundial de Rugby en Japón. Siempre he admirado este deporte que para mi es el que mejor representa la idea de equipo. En el rugby hay un lugar para cualquier persona. Todo jugador tiene unas virtudes para diferentes posiciones y funciones dentro del campo, pero el resultado depende del esfuerzo de todos, de la suma de valores personales, y no del que más aptitudes tenga. En un equipo de rugby son necesarias personas ligeras y pesadas (ya lo dijo Josep Pla en 1926), rápidas y lentas, y ningún jugador intentará destacar por encima de sus compañeros, ni hacerles sombra o ningunearlos, y por eso la humildad en el sentido de reconocer la igual valía de cada persona (del compañero de equipo, y del adversario), caracteriza a sus practicantes y actúa como valor envolvente del grupo.
Pensaba en el Rugby y en los valores que transmite su práctica, y se me han venido a la cabeza las ideas de cohesión social (será por la figura plástica de la melé) y la participación del ciudadano en las instituciones.
¿Por qué nos cuesta tanto participar de y en las instituciones?
Soy un firme defensor de la institución del Tribunal del Jurado, y por eso, la gran mayoría de las conversaciones que he mantenido y mantengo con personas ajenas al mundo de las leyes y de la Administración de justicia han ido encaminadas, no tanto a explicar su funcionamiento, sino a explicar el porqué de mi convencimiento. Pretendo en esta ocasión cumplir con los dos objetivos, aprovechando ahora que el debate sobre la institución está bajo mínimos.
En contra de lo que podemos pensar, nuestra tradición normativa si ha hecho uso de la institución del jurado. Aparece implícitamente en el Estatuto de Bayona (1808), en la constitución del 1837, en la constitución de 1869, y una Ley del Jurado que aprobada el 1 de Enero de 1899 estuvo en vigor hasta 1936 (si bien con ocasión del estallido de la guerra civil la parte del estado que fue leal a la república mantuvo el uso de la institución). Por tanto, aunque podamos creer que es un recurso ajeno a nuestra tradición normativa, la historia nos dice que no es así.
La Constitución, aprobada en 1978, faculta a los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado. Su puesta en funcionamiento no parece que sea fruto de un mandato expreso del constituyente, sino que es consecuencia de la decisión política adoptada en su día al amparo de la posibilidad que ofrece el texto constitucional, que no se expresa en términos imperativos, sino que ofrece al legislador la posibilidad de regular por ley el proceso ante el Tribunal del Jurado.
Participar en la vida social e institucional debe considerarse como una actitud a fomentar, y ese parece que es el mandato constitucional en relación al Tribunal del Jurado. Hablo más desde la intuición que desde el conocimiento, pero el nivel de participación del ciudadano en aspectos o cuestiones que le son relevantes no está en su mejor momento. Más allá de acudir a manifestaciones en las que planteamos quejas o exigencias por problemas concretos o situaciones determinadas (el nivel de implicación para el participante es mínimo al limitarse a cumplir con un recorrido en determinado margen de tiempo), y de depositar el voto cuando somos requeridos, la participación ciudadana (ya sea a nivel político, social o comunitario) no caracteriza a este momento histórico. Sin embargo. no podemos dejar de pensar en las virtudes de los procesos participativos y en el carácter educativo, capacitador y socializante, tanto para los que participan en ellos directamente como para la comunidad, ya que son mecanismos imprescindibles para realizar tareas de interés colectivo.
La posibilidad de participar en la vida social y comunitaria, da sentido al principio de igualdad, y en un momento como el presente, en el que el terreno de las desigualdades se abona todos los días, no deberíamos olvidarlo. Pocas veces se demuestran las diferencias de clase, cuando vemos la composición de una mesa electoral, y nunca las he notado cuando en mi vida profesional he tenido enfrente a nueve personas dispuestas a escuchar mi alegato defensivo, conscientes de que, al menos por unas horas, van a ejercer el privilegio de la autoridad.
Sin embargo no pensamos en los beneficios de la participación social cuando recibimos una carta del Ministerio de Justicia. Visualícense leyendo la comunicación en la que se le informa que forman parte del elenco de ciudadanos que formarán parte de los candidatos a formar parte del Tribunal del Jurado por un tiempo determinado. Seguro que el sudor frío les invade, la sensación de angustia recorre sus venas y piensan de inmediato como librarse de esa obligación.
¿Por qué sucede esto?
En primer lugar porque para la gran mayoría de los ciudadanos se trata de una situación nueva y los seres humanos tendemos a asustarnos cuando lo desconocido llama a nuestra puerta. Sin embargo, no estaría de más que una vez superada esa angustia inicial, pensáramos en la nueva oportunidad de experimentar que la vida nos brinda, y de la posibilidad de enriquecernos personalmente afrontando una nueva experiencia.
Es posible que una vez superada la impresión inicial, nos planteemos razones morales para no participar en el juicio. En ese momento deberíamos recordar que la jurisdicción es una parte importante de la gestión de la convivencia, la cual debe estar informada por determinados valores de la mayoría participamos, y que los juicios morales los realizamos constantemente, en tanto en cuanto varias veces al día, consciente o inconscientemente hacemos valoraciones positivas o negativas en relación a acciones o conductas, tanto propias como de terceros. Pretendo hacer ver que somos capaces de discernir o juzgar, y por tanto diferenciar lo correcto de lo incorrecto, de tal manera que constantemente juzgamos conductas, las condiciones que las acompañan y las intenciones que envuelven una determinada acción.
Curiosamente, de esas razones morales, que nos sirven para justificar el rechazo a participar del jurado, no nos acordamos cuando opinamos sobre desgraciados acontecimientos mediáticos, permitiendo y participando en los juicios paralelos ya sea en actos de manifestación pública, o apoyados en la barra del bar.
Convencidos ya, de que juicios sobre conductas es un comportamiento habitual en las personas, nos aferramos a otro argumento, a modo de creencia limitante. “Yo no sé de leyes”, “este trabajo lo deben hacer quien sepa de leyes”. Llegado a este punto debo recordar que lo que se pretende en cualquier sistema de enjuiciamiento por jurados es que los ciudadanos que van a tener que decidir en un pleito determinado, no tengan conocimientos en derecho. ¿Por qué es así? Porque el sistema pretende que los ciudadanos que van a formar parte de un Jurado sean jueces de hechos no de derecho, y para ello cualquier persona con criterio puede emitir un juicio (de hecho, como ya he apuntado más arriba, lo hace constantemente). Ninguna persona lega en derecho que tenga criterio propio y capacidad de raciocinio es menos apta que un juez profesional o que un técnico en derecho para ver con claridad si A ha matado a B; y si el problema es equivocarse no tengan duda alguna que los jueces profesionales también se equivocan, y son influenciables en el ejercicio de su función.
Entonces ¿Por qué razón ese sudor frío no se nos va, y nos dedicamos como locos a contactar con un abogado conocido que nos asesore para evitar tener que pasar por lo que para la gran mayoría es una tortura?
En el fondo porque no nos gusta implicarnos en nada que requiera un esfuerzo que vaya más allá del que aceptamos (no me atrevo a decir libremente). Por eso el recurso de refugiarnos en creencias limitantes, fácilmente desmontables por la tozuda realidad. Por ello, si reciben la carta del Ministerio de Justicia, articulen su compromiso con sus iguales, busquen información sobre que supone formar parte del Tribunal del Jurado y convénzanse de que van a vivir una experiencia gratificante; la de pensar, la de escuchar y ser escuchado, la de persuadir y ser persuadido, la de opinar, la de respetar… y la de participar.
No olvidemos que la participación ciudadana es el corazón de la democracia, y la administración de justicia precisa de nuestra participación e implicación, en tanto en cuanto su meta no es otra que la consecución de un bien común. Por eso, nosotros como grupo, tenemos que estar dispuestos a trabajar de forma colaborativa y abierta, y superar los miedos e incertidumbres más propios de la comodidad que nos aporta el individualismo, entendido como un modo precario de vivir, que cada día nos deshumaniza más.
Recordemos la melé. El esfuerzo de los jugadores de la primera línea, que intercalan sus cabezas entre las de los de los adversarios, no tendría sentido sin el apoyo y empuje de los de segunda y tercera línea. Sepan además, que si la melé se derrumba, el juego se para de inmediato.
Esa lección la enseñó en su día un tal Nelson Mandela, que hoy orgulloso desde donde esté, ha podido ver como los springboks se han coronado de nuevo campeones del mundo. Esta vez con diez jugadores negros, incluido su capitán.
