Cuántas veces escuchamos a los políticos decir, “dejemos a la justicia trabajar”, “ahora la decisión corresponde a la justicia”. En realidad, cuando dicen eso lo que hacen en algunos casos es dictar una orden a la Aristocracia Judicial.
Lo peor es que, a fuerza de escuchar estos mensajes, u otros parecidos, nos lo creemos. Pensamos que los políticos quieren que la justicia trabaje y lo haga de manera autónoma e independiente.
Estos días me he convencido de que la justicia no es ciega a pesar de que así la representan. No es verdad que la justicia dé y quite razones de forma objetiva, sin perseguir intereses. Si fuere así, ¿por qué los partidos políticos quieren controlar la cúpula judicial? ¿Qué interés pueden tener?
Intentaré explicar lo que yo entiendo (que no es mucho).
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del poder judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos. Así lo dice su web de presentación que se puede consultar aqui
El Consejo del Poder Judicial está compuesto por veinte miembros (vocales), nombrados por el Rey y elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia.
Su función es realizar nombramientos, ascensos, traslados, inspección del funcionamiento de los juzgados, exigencia de responsabilidad disciplinaria a los jueces, etc… Se pretende con ello evitar que el poder Ejecutivo (el gobierno) pueda influir sobre la independencia judicial. Lo explica de este modo el propio Consejo tal y como puedes ver en este enlace.
El problema radica en la facultad (poder) que tiene para realizar determinados nombramientos, en especial aquellos que tienen un especial peso en el estamento, tales como los Magistrados del Tribunal Supremo y/o los del Tribunal Constitucional.
Ellos conforman la Aristocracia Judicial.
¿Qué hemos podido observar estos días?
Que en determinados nombramientos no tienen tanta importancia los méritos como las afinidades y las ideologías de determinadas personas. La situación de tensión entre el partido mayoritario y el principal partido de la oposición ha demostrado como les preocupaba más escoger (o que fueran escogidas) personas de determinado sesgo ideológico (cómplices de quien les escoge) y no candidatos cualificados por sus méritos y/o trayectoria.
Fíjense en el detalle:
Las Cortes eligen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial realizan nombramientos de Magistrados (a cualquier órgano del poder judicial incluido el Tribunal Supremo) y además proponen dos para formar parte del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros nombrados por el Rey. Cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5 de la Cámara. Cuatro a propuesta del Senado (elegidos por entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, por mayoría de 3/5 de la Cámara, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial por mayoría de3/5 de sus miembros tal y como recoge la propia Ley.
¿Qué sucede en la actualidad?
Que el Consejo actual (cuyo mandato está caducado) esta formado por personas designadas por el partido hoy en día en la oposición, que tiene aspiraciones legítimas de formar gobierno a partir de las próximas elecciones generales. Por esa razón no admite consensuar nombramientos, para hacerlo cuando ostente el poder.
Esta situación obliga a plantearse cuáles son las razones que llevan a los partidos políticos a querer que la cúspide judicial esté formada por personas que tienen una ideología concreta. Es perfectamente normal que los Magistrados tengan su propia ideología, pero, ¿Qué sentido tiene pretender Magistrados afines tanto en el Consejo del Poder Judicial como en el Tribunal Supremo y/o en el Tribunal Constitucional? La pregunta se contesta con una respuesta obvia.
Nos enseñan que la justicia debe ser igual para todos los ciudadanos, y nadie puede poner en tela de juicio la independencia judicial.
Sin embargo, todo es una apariencia. Una vergonzante y poco coherente apariencia, pues en la Aristocracia Judicial, el Magistrado designado se encuentra vinculado (y por qué no decirlo, obligado) por quien le ha propuesto, a quien debe fidelidad.
Siendo así las cosas, y tras los últimos acontecimientos, la coherencia nos obliga a afirmar que no es verdad que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial están separados. Esa afirmación se repite constantemente en todos los foros, y parece que si la contradices expresas un anatema, una maldición.
Los ciudadanos tenemos derecho a exigir justicia. La justicia es un bien inmaterial que nos corresponde, y que no merece ningún tipo de contaminación. Por eso no se entiende que los Magistrados del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y, sobre todo del Tribunal Constitucional tengan que ser serviles a quien les ha propuesto.
Los Magistrados que ocupen esos puestos de tan alta responsabilidad deben ser personas sabias, con su personal posición ideológica, por supuesto, pero ajenas a servilismos que sirvan para retribuir afinidades y compromisos, y si titulares de una visión amplia del derecho, con ricos y amplios conocimientos jurídicos sobre los derechos fundamentales de las personas.
Esa capacidad exigible a tan Altos Magistrados, debe llevar necesariamente a impartir justicia y no a participar del poder. Desde los Tribunales se debe procurar el dictado de sentencias y no buscar el control de las decisiones políticas como pago del precio por la designación. Cuando lo hacen, se olvidan de la máxima del principio de igualdad: “todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley. Ningún individuo debe ser privilegiado o discriminado por el estado”.
Los Magistrados no deben nunca procurar un trato favorable a quien ha procurado su designación. Eso no es hacer justicia. Es ganar descrédito y denigrar a todos aquellos Magistrados que realizan honestamente su trabajo, sin apenas medios, pero con máxima dedicación, y que, curiosamente no forman parte de esa élite o aristocracia judicial. Todos los que yo conozco responden a este último perfil.
Vaya, con esta reflexión, mi reconocimiento a todos ellos.
